Desde hace un tiempo vengo percibiendo en la sociedad un descontento generalizado con uno de los poderes del Estado: el poder judicial esta más que nunca en entredicho.

Este descontento viene auspiciado por diferentes motivos: procedimientos, juicios y sentencias mediáticas cuyo sentido no se comparte por la sociedad, por la crítica sin tapujos de quienes deberían defender las instituciones de un poder esencial de un Estado de derecho, etc.

Tal es la crispación con la justicia, que se está atacando sin ningún pudor desde los otros poderes del Estado, el ejecutivo -cartas mediante-, y el legislativo -mediante declaraciones de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado-.

En este estado de las cosas, es pertinente preguntarnos si estamos ante una realidad fáctica y objetiva, o ante una campaña partidista interesada con independencia del signo político.

Para responder a esta cuestión, debemos responder objetiva y subjetivamente a la siguiente cuestión: ¿existe la justicia en España?

Desde el punto de vista objetivo, la respuesta es incuestionable, España como Estado social y democrático de derecho, que tiene reconocido entre los derechos fundamentales proclamados en la Constitución la tutela judicial efectiva, como manifestación del derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante los Juzgados y Tribunales.

Igualmente, la Carta Magna, proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Pero la cuestión no es si existe la justicia, o la administración de la misma en nuestro país. Sino si esta es confiable o no.

Los que nos dedicamos a esto en nuestro día a día, sabemos lo difícil que es administrar e impartir justicia.

Y debemos admitir que la justicia como institución humana es administrada por personas y como tal, es imperfecta, a veces aciertan y otras yerran. Para esos casos, el ordenamiento jurídico prevé un entramado de recursos, para corregir o subsanar los errores que se hayan podido cometer en una resolución judicial.

Y, aun así, la justicia no es infalible. Por muchas razones, en las que no nos podemos extender ya que no es objeto de este comentario. Pero de ahí a pensar en la existencia de corrupción judicial (lawfare), que los jueces dictan las resoluciones en función de su tendencia política o de género, o que no son imparciales, hay un trecho inadmisible.

La campaña de desprestigio sobre la justicia obedece a una premisa política e ideológica que pretende descargar la eventual responsabilidad de quien pudiera haber cometido algún acto ilícito en quienes son los principales valedores del Estado de derecho. Campaña totalmente infundada, sin ningún dato objetivo que avale esta posición.

No estaría de más dejar a los jueces trabajar. Aunque a algunos no les venga nada bien.

Y desde el punto de vista subjetivo, ¿qué opinan Uds.?