La Junta de Castilla y León ha acordado la anulación y devolución de las multas que se impusieron por las medidas autonómicas impuestas durante el segundo Estado de Alarma --del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021--, lo que beneficiará a 39.600 ciudadanos y supondría una cuantía máxima a pagar por parte de la Junta de 11,8 millones de euros.

Así lo ha avanzado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha detallado que algunas multas estás ya pagadas, en cuyo caso se devolverán con los intereses correspondientes, y otras estaban en fase ejecutiva que ahora quedará anulada.

De los 39.600 expedientes, 26.110 lo son por incumplir el toque de queda que estaba vigente en la Comunidad, 10.540 por saltarse el cierre perimetral; 2.948 por celebrar reuniones grupales y dos por saltarse el límite de aforo en lugares de culto.

Esto lleva a que el importe global de las multas si se hubieran cobrado todas es de 11,8 millones de euros, una cifra a la que no se llegará, ya que, como ha explicado Fernández Carriedo, muchas de las sanciones no se han cobrado.

Según ha explicado el portavoz de la Junta los ciudadanos afectados no tendrán que realizar trámites administrativos para gestionar esta devolución, si no que será la propia Administración la que realizará el trámite de anulación o reembolso en casa caso.

La decisión de la Junta de llevar a cabo esta devolución está avalada por los Servicios Jurídicos de la Junta, quienes ha ratificado el archivo de las denuncias, la revocación de las sanciones impuestas durante ese periodo y la devolución de lo abonado con intereses si se ha pagado.

No obstante, Fernández Carriedo ha insistido en que esta decisión sólo afecta a las sanciones por las medidas establecidas por la Junta como autoridad delegada del estado de alarma, no a las denuncias que se hayan puesto por vulnerar las restricciones y limitaciones de la Junta propiamente sanitarias contra la COVID-19.