Castilla y León no está para retrocesos ni pérdidas de tiempo, entre quien entre en el Gobierno: Vox tiene que demostrar que está para gobernar porque esto no es un banco de pruebas para las elecciones generales y la comunidad es puntera en políticas que no se pueden cuestionar.

Castilla y León no logra salir del centro de la tormenta política y mediática, y tras el convulso final de la legislatura, con moción de censura, tensiones y adelanto electoral en cuestión de un año, ahora le vuelve a tocar protagonismo con la entrada de Vox en su primer gobierno. Se daba por sentado que estas elecciones anticipadas iban a abrir un nuevo ciclo político y, por ahora, el resultado es la caída del presidente nacional del PP y la entrada de la denominada ultraderecha en labores ejecutivas, algo que habíamos visto ya en otros países, pero no en España.

La irrupción de la formación verde se ha producido en circunstancias complejas. Aunque eran muchos los que, desde el primer día, contaban con que PP y Vox tendrían que entenderse, el acuerdo no llegó hasta 15 minutos antes de la hora límite, cuando casi se cerraban las puertas de las Cortes para el pleno de constitución del parlamento regional para el inicio de la legislatura. Al límite del 'segundos fuera', con la amenaza cierta de que no hubiera acuerdo, ambas partes dieron el plácet a un documento que ya ha sido estudiado de arriba abajo, aunque por ahora su nivel de desarrollo no pasa de la generalidad.

¿Había otras opciones? Públicamente, el PP había explorado alternativas como la de Soria ¡YA!, una vía hacia la elección de un nuevo presidente de las Cortes con abstenciones y mayoría simple, pero la realidad es que esa posibilidad nunca ha parecido factible. El entendimiento con el PSOE no pasó de los 15 primeros minutos y después se vio que no se podía contar con otros votos porque la postura del resto de grupos era clara.

No obstante, el mayor problema residía en las consecuencias de pelear por presidir las Cortes. Mañueco manifestó que quería el puesto para el PP, pero pronto se vio que esta vez Vox no estaba por la labor. Ir al choque por este puesto hubiera tensado el siguiente paso, el acuerdo de investidura y presidencia. Así que en algún momento el PP jugó sus cartas, aunque no sabemos cuándo porque conversaciones con los sorianos se mantuvieron casi hasta el último día.

En su lugar, el PP de Castilla y León ha optado, ejerciendo Mañueco la prerrogativa del partido, por un acuerdo programático de legislatura totalmente legítimo desde el punto de vista parlamentario, pero que preocupa desde el punto de vista ejecutivo. El documento de 32 puntos, entregado en el mismo momento de la presentación oficial del pacto (minutos después de que empezara a funcionar con la elección de un procurador de Vox como presidente de las Cortes) es una declaración de intenciones. Recoge una terminología diferente a la habitual en las políticas actuales de la Junta, con conceptos propios de la dialéctica de Vox y que la formación quiere implantar.

El intento está ahí, pero hay cuestiones que deben quedar claras. Debe saber Vox, y el PP tiene la obligación de ser la primera barrera, que Castilla y León no está para retrocesos en ninguna materia ni para legislar por duplicado en cuestiones tan asumidas como la educación, el apoyo a las familias o la migración, áreas en las que es ejemplo para España y para muchos países. Si quiere venir alguien a trastocar la educación líder en PISA, la cobertura a la dependencia de Castilla y León o las políticas de ayuda social, mejor que recapacite: hay muchas cosas a las que dedicar el tiempo como para empezar con las que sí funcionan. Y lo mismo ocurre con la violencia de género que, sí, existe, y sí, es marcadamente de género y contra las mujeres. Disfrazarlo de violencia intrafamiliar es un subterfugio dialéctico-legal que puede ser muy negativo para la comunidad.

En su lugar, Vox tiene que demostrar que está para gobernar y ese es el baremo por el que tenemos que medir su llegada. Después de dos años de pandemia (este 14 de marzo se cumplen dos años desde el estado de alarma que nos encerró en casa) no hay lugar a experimentos ni pérdidas de tiempo. El partido de Abascal tiene que ser capaz de abandonar la campaña permanente, la ventaja de no tener que tomar decisiones, y pasar a la acción y a la política responsable y de responsabilidades. Veremos si da la talla.

Esa es su primera obligación, porque el acuerdo no ha sentado nada bien, ni dentro ni fuera, y nos mantiene en el centro de todos los focos. En las Cortes las críticas de la oposición han sido unánimes y elevadas, y el eco de este pacto ha llegado a Europa donde ya se nos mira con cierta preocupación, lo que nos acerca al club de los sospechosos. A Vox le toca pasar de las palabras a los hechos, de la dialéctica al ejercicio de Gobierno, y al PP le obliga conseguirlo. Castilla y León es fuego real, no un banco de pruebas para unas elecciones generales.