El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, es el único de España con la función de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, gracias a la cual ha resuelto recursos sobre contratos que suman 14.600 millones en una década. Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han avalado este lunes el "modelo de éxito" de esta institución autonómica.

Esa función asumida hace diez años ha permitido al Consultivo emitir solo en el último año 208 resoluciones sobre contrataciones públicas de 5.400 millones, según ha expuesto el presidente de ese organismo, Agustín Sánchez de Vega, durante su comparecencia en las Cortes para presentar la memoria de 2022.

Sánchez de Vega ha resaltado los 736 millones del contrato de transportes sanitario en la Comunidad, los 162 millones del de residuos urbanos de Burgos o los 75 millones de teleasistencia como los de mayor cuantía sobre los que ha tenido que pronunciarse el Consultivo con resoluciones que son vinculantes para la administración.

Son "cifras que ciertamente dan vértigo", ha admitido Sánchez de Vega, que ha puesto de relieve la relevancia jurídica y económica de esa función de la institución que preside y lo ha calificado de "modelo de éxito" demostrado a lo largo de los diez años en los que ha asumido esa función como "caso único" en España.

También ha hecho referencia en su comparecencia en la sede del Parlamento regional al millar de expedientes registrados en el Consejo Consultivo de Castilla y León (CCCyL) en el último año.

Entre esos, unos 700 correspondían a su función consultiva garante del cumplimiento de la legalidad en la actuación de la Administración, unos 200 a los recursos de contratos y otro centenar a casos inadmitidos o concluidos con acuerdo antes de emitirse resolución o dictamen.

El presidente de esta institución ha hecho alusión a la recomendación emitida en lo referente a los anteproyectos de ley, en los que el concepto de ruralidad se debe abordar "con criterios homegéneos, razonables y proporcionados".

También ha destacado el "granito de arena" aportado por la institución que preside al realizar un informe a iniciativa propia en el que recomienda que el impacto en el reto demográfico se evalúe en los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto.

Al respecto, ha subrayado que algunas comunidades autónomas han avanzado en crear órganos para la evaluación de las políticas públicas en materia de reto demográfico y Castilla y León también está avanzando.

Todos los grupos políticos han resaltado en sus intervenciones la labor del Consultivo, aunque con matices, como el procurador de Vox Carlos Menéndez, que si bien ha puesto de relieve que el trabajo del Consultivo repercute directamente en los ciudadanos también ha advertido que "la buena gestión y el uso eficiente de los recursos públicos" debe ser una máxima en este y otros organismos.

Mientras, el procurador del PSOE Luis Briones ha pedido que el Consultivo quede "al margen de avatares políticos" y ha sostenido que con su "entrada en el poder" Vox ha "acallado o disipado" su cuestionamiento de las instituciones propias de la Comunidad y su intento de disminuir su presupuesto "ya austero".

Por su parte, el procurador del PP David Fernández ha subrayado el rigor del Consultivo, su rapidez de resolución y la seguridad jurídica que ofrece.

La procuradora del grupo UPL-Soria Ya Leila Vanessa García ha incidido a raíz del informe del Consultivo sobre reto demográfico el "olvido de los Poderes Públicos de la España rural" que hace que se agudicen los desequilibrios territoriales. Y el procurador del grupo mixto Francisco Igea ha lamentado la "inutilidad" de las Cortes para renovar los cargos de las instituciones propias de Castilla y León, según informa EFE.