Ofrecer información y asesoramiento a las personas afectadas por una ocupación ilegal de su vivienda. Con ese fin ha abierto sus puertas la oficina antiocupación de Zamora en la calle Pelayo, en la capital.

La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, acompañada de la delegada territorial de la Junta, Leticia García, ha visitado hoy una oficina con la que se pretende "cumplir con el deber que corresponde a los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y de protegerlo frente a un fenómeno como es el de la ocupación, que supone un ataque frontal a su contenido esencial", según se subraya desde la Junta. 

En su visita a la oficina, Pardo ha manifestado que "se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler" porque "el problema del acceso a la vivienda por quienes tienen dificultades económicas y son vulnerables debe ser abordado a través del incremento del parque público o del otorgamiento de ayudas a los más necesitados".

Además, la Administración autonómica trata de "velar también por otros derechos civiles, como son las buenas relaciones de vecindad, y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas".

Ahora, fruto del acuerdo de colaboración, la Junta de Castilla y León ofrece, a través de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, un servicio de información y asesoramiento a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, atendiéndoles en sus necesidades y demandas.

En esta oficina, que ya está en funcionamiento en las nueve provincias de Castilla y León, los interesados encontrarán toda la información y asesoramiento que soliciten en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

Además, según se informa, está prevista la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio. A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.