La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas como supuestas autoras de un delito de intrusismo profesional. A una de ellas se le atribuye un delito de intrusismo profesional y falsedad documental, por ejercer actuaciones propias de la profesión veterinaria sin la titulación preceptiva para el ejercicio de la profesión. A la otra como cooperador necesario, por facilitar los medios paras su realización.

Fue en marzo de este año cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del supuesto delito intrusismo profesional, en el caso de una mujer que realizaba actuaciones propias de la profesión veterinaria en la zona de Benavente y la Carballeda.

Llevaba a cabo actuaciones con animales de diverso tipo, como implantación de microchips oficiales a perros o la administración y venta de medicamentos veterinarios para su uso, con diferente ganado de abasto en diversas localidades.

Componentes del Equipo de Investigación del SEPRONA de la Comandancia de Zamora inician la investigación al objeto de esclarecer los hechos y comprobar que esta persona se dedicaba a practicar de forma usual diferentes tratamientos veterinarios en el entorno de las comarcas de Benavente y la Carballeda, a la vez que se entrevistan con diversos testigos.

Para llevar a cabo los tratamientos y parte de trabajo que realizaba la investigada, le proporcionaba la cooperación necesaria un veterinario titulado, dotándole de los elementos necesarios como vacunas o pasaportes para la identificación de los animales de compañía, practicando actos clínicos sin la titulación correspondiente, según la información suministrada desde la Comandancia de Zamora.

"Comprobándose documentalmente que los animales se registraban en aplicativo oficial, asientos que sólo puede llevar a cabo un veterinario registrado en el Colegio Oficial de Veterinarios".

Resultado de todo ello, se investiga a una persona como supuesta autora de un delito de intrusismo profesional y falsedad documental y a una segunda persona como cooperadora necesaria, por facilitar los medios necesarios para ejercer la profesión y, por ende, la práctica veterinaria.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Puebla de Sanabria.