Siete municipos de Zamora, entre 40 y 45 de Castilla y León, de más de 500 y menos de 2.000 habitantes equivalentes, se exponen a sanciones por la falta de depuración de sus aguas residuales al haber rechazado los convenios para construir nuevas depuradoras que cumplan la normativa medioambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha celebrado este miércoles en Zamora la primera de las comisiones de seguimiento provinciales que mantendrá los próximos días en las nueve provincias de la Comunidad para repasar la marcha de los proyectos de depuración, informa EFE.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Medioambiental de la Junta, José Manuel Jiménez, ha advertido hoy que los municipios que rechacen los proyectos de depuración y se nieguen a firmar los convenios de puesta en marcha y gestión de esas depuradora verán revocadas sus autorizaciones de vertido e incurrirán en una "responsabilidad grave".

Tras las reuniones de comisiones de seguimiento, Medio Ambiente informará a la Confederación Hidrográfica del Duero de los municipios que han rechazado los convenios de construcción de las depuradoras, que en el caso de la provincia de Zamora han sido siete mientras que en el conjunto de la Comunidad son entre 40 y 45 de las 250 proyectadas mediante convenios entre la Junta, las diputaciones provinciales y los municipios.

Jiménez ha recordado que las sanciones que puede imponer la CHD a esos municipios por vertidos inadecuados son más elevadas que el canon que deberán pagar por la explotación de las nuevas depuradoras.

Ha detallado que la ley establece que a los municipios que viertan sus aguas sin depurar, a los que aún no se haya retirado la autorización de vertido, se les retire y, a partir de entonces, "si se producen vertidos que no cumplen los parámetros, el Ayuntamiento incurre en una irresponsabilidad grave" y tendría que corregir esa circunstancias "de forma inmediata".

En ese caso, la construcción de su depuradora ya no podría acogerse al programa actual que es cofinanciado por la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Medioambiental ha llamado también la atención sobre los casos en los que las depuradoras se van a construir con financiación estatal y apoyo de la CHD y no a través de convenios con la Junta.

De algunos de esos proyectos no han comenzado las obras y se puede dar el caso de que la Confederación sancione a algunos municipios "por su propia inacción" al no construir esas depuradoras, según ha advertido.

En la actualidad, entre los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes faltan por concluir en Castilla y León tres depuradoras de las que se rematan las obras y a los proyectos que se acometen para poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes hay que sumar las actuaciones en localidades de menos de 500 habitantes equivalentes que se acometerán de aquí al año 2027.

Las provincias de Zamora y Segovia son las más avanzadas en los proyectos de depuración en pequeños municipios, ya que en ellas la Junta de Castilla y León ya ha comenzado a redactar los proyectos de depuradoras en estas poblaciones en convenio con las diputaciones provinciales, según recoge EFE.