Sólo el PCE exige que se siga investigando al jefe de la Policía Local de Ponferrada, el intendente Arturo Pereira, por el caso Muñoz. La secretaria comarcal de la formación, Isabel Maroto, es la única que ha alzado la voz para exigir al Ayuntamiento de Ponferrada que abra una investigación interna exhaustiva que esclarezca si hubo corrupción policial cuando el 13 de marzo de 2018, durante otro episodio de violencia entre el ahora condenado y su exmujer, Raquel Díaz, ella llamó al 112 desesperada pidiendo socorro pero nadie acudió a la vivienda de Santo Tomás de las Ollas en que residían, aunque el servicio de Emergencias sí emitió el aviso a la Policía Local y a la Nacional.

Para Maroto, el silencio del Ayuntamiento de Ponferrada sobre este episodio y la posible implicación de alguien de la Policía Local "es atronador".

Cabe recordar que cuando se produjeron esos hechos Muñoz era concejal de Bienestar Social(por Coalición por el Bierzo) y cogobernaba el Ayuntamiento de Ponferrada con el PP. Gloria Fernández Merayo era la alcaldesa. Después, cuando tuvo lugar en Toreno el terrible episodio de violencia en que Raquel Díaz quedó parapléjica y con gravísimos daños neurológicos (27 de mayo de 2020), Pedro Muñoz también era concejal (CB) y formaba parte del equipo de gobierno junto al PSOE y Podemos, con el socialista Olegario Ramón como regidor del Consistorio.

Para el PCE, es "muy grave" que el jefe de la Policía Local de Ponferrada supiese que se estaba produciendo violencia de género en la vivienda que compartían Pedro Muñoz y su segunda mujer, la abogada leonesa Raquel Díaz, tal y como Pereira aseguró durante la instrucción del caso a la fiscal. Por ello, desde el PCE exigen responsabilidades "a los que fueron y son concejales de Seguridad" y la apertura de una investigación interna dentro de la Policía Municipal para sacar a la luz lo que desde su formación llaman "posible corrupción policial".

Lescún dedujo entonces testimonio contra los agentes que estaban de guardia aquella noche, aunque no contra Pereira. El juzgado número 6 de Ponferrada investigó esos hechos, aunque la propia Raquel Díaz anunció hace unos días que ella y su abogado volverán al juzgado para que se investigue ese episodio, con declaración de los agentes, Pereira y el Ayuntamiento entre la prueba solicitada.

Raquel dio la primera pista en 2020

Cuando Raquel Díaz, la víctima de esta historia de terror, despertó del coma y empezó a recuperarse, quiso declarar ante el juez. En octubre y noviembre de 2020, maltrecha y aún muy medicada, Raquel declaró en los juzgados de Ponferrada y asistió a la reconstrucción de los hechos en la que ella llama la 'casa de los horrores' de Toreno.

Fue entonces cuando Raquel habló en sede judicial de las "amistades peligrosas" de Pedro Muñoz y contó que ella ya había intentado pedir ayuda, "pero estaba Arturo por el medio y se dedicaba a lo que se dedica. Arturo no quiso hacer nada", relató, en referencia al jefe de la Policía Local.

El intendente de la Policía Local de Ponferrada, el veterano Arturo Pereira, fue llamado entonces a declarar. A preguntas del Ministerio Fiscal, Pereira llegó a decir que Raquel "fabula" y -bastante de sí con las incisivas preguntas de la fiscal, Inés Lescún- hasta aseguró que él también había escuchado por Ponferrada "que era Raquel quien maltrataba a Pedro Muñoz". No explicó por qué, si sabía de supuestos malos tratos entre la pareja, nunca se tomó ninguna medida, ni cómo pudo ser que al episodio de 2018 en que Raquel pidió ayuda  se le diera tan poca importancia en la Policía Local sin saber cuál iba a ser el resultado final.

Cuando en septiembre de 2023, y tras una larguísima instrucción del caso, por fin se señaló la fecha de la vista oral para diciembre en la Audiencia Provincial de León, Raquel ya llevaba meses con un nuevo abogado ("vi el sumario y perdí mi confianza en el anterior") y éste, el gallego Felipe Patiño, incluyó entre la prueba solicitada la declaración de Pereira y de los agentes que (no) intervinieron en la petición de socorro de Raquel al 112 en 2018. La fiscal no había pedido su declaración. La Sala Tercera aceptó toda la prueba propuesta: Pereira y seis agentes tuvieron que declarar, aunque ninguno quiso hacerlo presencialmente sino por videoconferencia, desde el juzgado de Ponferrada.

Hasta la fecha, nadie ha explicado por qué en la ficha de asistencia a Raquel Díaz había una extraña anotación: 'Pedro Muñoz' y una dirección donde Raquel jamás vivió.

El teléfono desde el que pidió socorro nunca estuvo a nombre de Pedro Muñoz, como dijo Arturo Pereira en la instrucción del caso.