La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido esta mañana en Salamanca la sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, donde se ha analizado y presentado la propuesta del nuevo programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil.

La estrategia contempla 54 medidas que tienen como finalidad principal la prevención y lucha contra la exclusión social. Los servicios se enmarcan en los ámbitos educativo, sanitario, de vivienda y de Servicios Sociales.

El programa tendrá una duración de seis años (hasta 2027) y a estos retos destinará la Junta una media de 60 millones de euros anuales, cuantía a la que se incorporarán el 5 % de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) del periodo 2021-2027.

Indicadores nacionales

La concreción de las medidas incluidas en el programa se ha realizado a partir de un diagnóstico de la situación social en Castilla y León y, en particular, de la pobreza infantil. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad se situaba en el 19,8 %, un 6,6 % por debajo de la media nacional.

En cuanto a la tasa de pobreza infantil, se situaba un año antes en el 27,7 %, frente al 29,5% de España, casi dos puntos por debajo. Respecto a las características de la población en situación de riesgo, cabe destacar que Castilla y León presenta también una tasa inferior a la media.

Situaciones de vulnerabilidad

Por otra parte, el análisis de los datos e indicadores que arroja la Red de Protección a las familias y el perfil de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía evidencian que el número de personas que en 2021 están en mayor riesgo de vulnerabilidad no ha experimentado una tendencia al alza con respecto a 2019, dejando al margen el año 2020, extraordinario por los efectos de la pandemia.

Así, en 2019 las prestaciones económicas de la Red de Protección llegaron a 18.607 personas de la Comunidad. En 2020 estas cifras se situaban en 32.311 personas  y hasta el 8 de noviembre de este año, las prestaciones económicas han llegado a 17.959 personas, entre ellas, 5.866 menores.

Programa de actuaciones

El programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil se marca como gran objetivo prevenir la transmisión intergeneracional de situaciones de vulnerabilidad.

En el área de Servicios Sociales se contemplan 18 medidas. El objetivo general es evitar que determinadas situaciones familiares de vulnerabilidad puedan devenir en situaciones de pobreza infantil, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y generando perspectivas de futuro.

En este marco, se plantean como retos particulares garantizar la protección frente a los desahucios de las familias con menores de 18 años; evitar que la pobreza familiar sea causa para la declaración de desamparo; fomentar espacios seguros de crecimiento; favorecer la autonomía de los miembros de unidades familiares con menores de edad, facilitando su incorporación al mercado laboral; y coordinar el conjunto de medidas planificadas en el programa.

En el listado de medidas de inminente aplicación se encuentran la implementación, en 2022, de una ayuda a domicilio a las familias vulnerables con menores para apoyar su cuidado y reforzar su calidad de vida.

Para conseguir los objetivos marcados en el ámbito social, se plantea la puesta en marcha de una red de coordinación con las corporaciones locales y entidades del Tercer Sector Social, que aborde de manera más efectiva la pobreza infantil.

El programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil en el apartado de educación articula 22 medidas y ocho objetivos concretos, que confluyen en uno general: atender a la diversidad del alumnado para afianzar la igualdad de oportunidades en la escolarización en la infancia y reducir las tasas de abandono y fracaso escolar, especialmente, de los niños más desfavorecidos.

En el eje destinado a la vivienda, que incluye 18 medidas y cinco objetivos específicos, se persigue garantizar que ningún niño, adolescente o joven viva en una vivienda que no reúna las condiciones de habitabilidad, facilitando el acceso a viviendas dignas, seguras y asequibles.

El documento presentado hoy está alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia y, en especial, con la Garantía Infantil Europea, y es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación.