El alcalde de Toro, Tomás del Bien, "pretende legalizar la construcción del ex portavoz socialista eliminando espacios libres de uso público y transformándolos en suelo edificable". Así lo denuncia el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento toresano, que ha presentado alegaciones a la modificación puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico (PECHAT).

El grupo popular acusa al Alcalde de convertir el Ayuntamiento de Toro en su "corralito particular", utilizando la institución local en beneficio de sus amigos. El portavoz popular Alejandro González, junto a sus compañeros concejales Raúl Martínez y María de la Calle, han denunciado que "nos encontramos ante un acuerdo político entre Tomás del Bien y el señor Linares, ante los aires de cambio político que vislumbra el ex portavoz socialista en el horizonte".

El PP denuncia "una entrega gratuita de 353 metros cuadrados" al ex portavoz socialista y un aumento en la edificabilidad de 107 metros. "Es el peaje político que debe pagar el señor del Bien para su arreglo con el PSOE y volver a encabezar la lista electoral socialista".

La modificación del PECHAT es, para los populares, "un fraude en la ejecución de una sentencia y una manifiesta desviación de poder para beneficiar al señor Linares". Una modificación de la ordenación y de los sistemas generales en esta parcela del Canto, que "ni la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora de 2013 y ni la del TSJ CyL de 2014 declararon ajustado a derecho", sentencias "que califican la licencia de la edificación del Señor Linares" como nula de Pleno Derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión".

También "se obvian" las prescripciones marcadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León de 5 de junio de 2012. Unos informes vinculantes en los que "se impone como prescripción la limitación como fondo edificable en esta zona del Canto de 33,5 metros, para alinearse con la trasera de la parcela de la Virgen del Canto y así disminuir la afección sobre el entorno del convento del Sancti Spiritus y reducir el impacto sobre el perfil del Conjunto Histórico y la Cornisa a las Barranqueras de la Vega de Toro".

La sentencia del TSJ de Castilla y León del año 2015 se utiliza "como excusa para intentar arreglar la construcción ilegal del ex portavoz", cuando lo que "reconoce es que los terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento (libres de uso público), deben cederse utilizando mecanismos distintos a la cesión gratuita, pero en ningún caso modifica la planificación urbanística existente en el PGOU, que es plenamente vigente, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto". Así, recuerdan que las infracciones urbanísticas que afectan a espacios libres de uso público "no prescriben".

Los populares hablan  "atentado contra el Patrimonio Cultural, Histórico y paisajístico de Toro", al ir "en contra la modificación de la protección del Conjunto Histórico de Toro y de la propia protección paisajística que el Ayuntamiento está obligado a observar en su actuación urbanística". Inciden, además, en una "división entre ciudadanos de primera y segunda", lo que les lleva a calificar al mandatario de "sectario", toda vez que "el resto de vecinos de Toro deben cumplir escrupulosamente la normativa urbanística cuando se hacen una casa o una nave industrial".

Con la modificación prevista se "eliminan áreas contenidas en el PGOU, reduciéndolas a los escasos cinco metros del paseo de borde, es decir el Ayuntamiento de Toro renuncia a la construcción de un magnifico paseo junto a las Barranqueras y únicamente se deja un sendero".

Se lamentan, además, de que el área de Obras sea "el cáncer del Ayuntamiento", ya que" tiene toda la economía local paralizada, porque no se conceden licencias en tiempo y forma". Recuerdan la condena al Ayuntamiento a pagar 23.000 euros por "silencio administrativo" por no conceder licencias y aseguran que esta "cacicada" le costará otros 21.175 euros por contratar arquitectos, al margen del profesional municipal, lo que les lleva a hablar de "malversación de caudales públicos".