Diez municipios zamoranos con embalses están obligados a reintegrar 1,6 millones de euros a las empresas eléctricas "que los vaciaron en plena sequía" por sentencias que anulan las tasas municipales. Izquierda Unida se hace eco de la situación y denuncia una "injusticia histórica".

Tal cantidad de municipios afectados es la que se corresponde con los decretos de Presidencia de la Diputación del mes de diciembre, y "es mayor porque a lo largo del año también se anulan de manera puntual", explica la portavoz del grupo de IU en la Diputación, Laura Rivera.

En los decretos se da cuenta de los recursos interpuestos por las grandes compañías eléctricas contra las ordenanzas municipales que imponen tasas por la utilización del suelo, y que obligan a los ayuntamientos a devolver estas cantidades en cumplimiento de sentencias judiciales.

En concreto las sentencias anulan las tasas por "utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos."

Son diez los municipios de la provincia que tienen que devolver 1.613.898 euros a la empresa Red Eléctrica de España, y seis municipios están obligados a reintegrar  58.097 euros a la empresa I-de Redes Eléctricas Inteligentes, anterior Iberdrola Distribución Eléctrica. De los seis, cinco tienen que devolver cantidades a ambas empresas. En total, 1.671.994 euros.

Los municipios afectados son Luelmo de Sayago, Fariza, Muelas del Pan, Villar del Buey, Villalcampo, Moral de Sayago, Moralina de Sayago, Palacios de Sanabria, Villadepera y Villardiegua de la Ribera.

"Estos y todos los municipios afectados por embalses llevan viviendo una injusticia histórica, que tiene que resolverse a medida que van caducando las concesiones que se hicieron en su día", se lamenta Laura Rivera.

Una injusticia histórica que se convierte en "rapiña" cuando "hay que devolver casi dos millones de euros a finales del año 2022". Aprecia Rivera, además, que se trató de "un año con un verano especialmente seco en el que las empresas vaciaron los embalses anteponiendo la producción de energía a las necesidades de los pueblos".

La situación es especialmente "injusta" con la comarca de Sayago, toda vez que siete de los diez municipios obligados a devolver el dinero recaudado por la tasa de utilización de su suelo, son sayagueses. Como apuntan desde IU, la comarca se quedó sin agua del embalse para beber, el pasado verano, y hubo que acometer obras para dotar a los pueblos de agua potable. 

El dinero que tienen que devolver los pueblos afectados ya había sido recaudado por el servicio de la Diputación, "y no podrá ser utilizado para mejorar los servicios municipales, pese a que gran parte de su territorio está ocupado por empresas que obtienen grandes beneficios".

Una "injusticia", insiste IU, que se sigue viviendo en Zamora como "provincia productora de energía y riqueza que no revierte en el territorio provincial, cada vez más despoblado".

Rivera observa que, pese a los recursos que presentan las empresas eléctricas en contra de las tasas municipales, en el verano de 2021, el presidente de la Diputación propuso bajar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que afecta sobre todo a las empresas hidroeléctricas.

En concreto, la reducción del impuesto "sólo beneficiaba significativamente a poco más de 15 empresas. Entre esas, las del sector de la energía que tenían el 71% de la reducción se beneficiaban de la rebaja en 101.923 euros de un total de 144.036 euros propuesto. La reducción supuso una ruptura del voto en el equipo de gobierno.

El equipo de gobierno de la Diputación "defiende ahora en pleno y en las calles que la provincia necesita medidas extraordinarias como la fiscalidad diferenciada". "¿Se puede defender en Zamora la fiscalidad diferenciada para las empresas eléctricas que han ocupado el territorio y recurren ante los tribunales la mínima y justa compensación a los municipios por la ocupación del suelo con sus instalaciones?", se preguntan en IU.

Para IU, habría que defender "una fiscalidad justa que compense a la población por la extracción de recursos por empresas con grandes beneficios". "Y la fiscalidad diferenciada aplicarla a las empresas que crean riqueza y empleo en la provincia".