La "falta de dotación" de viviendas sociales en Benavente ha sido denunciada por el procurador del PSOE de Zamora en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito.

Martín Benito pidió explicaciones en el pasado Pleno de las Cortes sobre cómo da respuesta la Junta a las necesidades de vivienda para familias en situación de extrema vulnerabilidad en Benavente.

El procurador socialista señalaba que la Junta tiene actualmente un parque de 88 viviendas para alquiler social en Benavente, tras haber firmado un convenio con el Ayuntamiento de Benavente en 2018, y que el 18%, aproximadamente, están vacías.

"Lo cierto es que desde que en 2018 se firmó el convenio hasta el día de hoy, es decir, cinco años, solo se han adjudicado dos viviendas para necesidades sociales sobre un listado que presentó el Ayuntamiento de Benavente de 20 familias valoradas en situación de extrema necesidad".

Martín Benito señaló, además, que el 8 de noviembre de 2022 el Ayuntamiento de Benavente presentó a la Junta un informe social de una familia con unos ingresos mensuales de 229 euros y con problemas de salud, urgiendo a la Junta la adjucación de la vivienda.

La respuesta telefónica de la propia Junta es "que no hay viviendas", mientras el Ayuntamiento aportó la referencia de una vivienda vacía y en condiciones de ser alquilada.

Añade el procurador socialista zamorano que seis meses después la Junta aún no ha respondido y que, ante las llamadas reiteradas,desde el Ayuntamiento, se informa que los servicios jurídicos lo están estudiando. "Seis meses es mucho tiempo para dar una respuesta".

"Solamente en los cinco últimos años dos viviendas", se lamenta el socialista. "Ha bastado un titular de un medio de comunicación de Zamora para que la delegada territorial de la Junta haya dicho que hay cuatro viviendas disponibles. La Junta y el Convenio están resultando inoperantes, y ni tan siquiera saben las viviendas que hay".

"El Ayuntamiento de Benavente le ha solicitado a la Junta que le ceda dos viviendas para hacer frente a esas situaciones de extrema necesidad" pero "la Junta de Castilla y León no contesta".