El alcalde de Fermoselle, J. M. P., se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zamora por un presunto delito de prevaricación, a raíz de un complemento de productividad concedido a tres funcionarios municipales por la mayor carga de trabajo tras la pandemia del covid 19.

La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación para ejercer cargo público, mientras que la defensa pide la libre absolución. El máximo responsable municipal ha asegurado en el juicio que se limitó a firmar el decreto que le había redactado el secretario, uno de los tres funcionarios a los que se concedió ese complemento por ser los que asumían una mayor carga de trabajo, según informa EFE.

El alcalde de Fermoselle juzgado, quien sigue en el cargo al frente de este municipio de un millar de habitantes, señaló ante los magistrados de la Audiencia de Zamora que el decreto lo firmó en septiembre de 2020 y afectó al secretario-interventor, un auxiliar administrativo y un vigilante municipal.

Ha justificado la medida porque en la época de pandemia los funcionarios habían trabajado tanto en la oficina como desde casa e incluso habían atendido a algunos vecinos en su propio domicilio.

También ha detallado que en ningún momento tuvo intención de "hacer las cosas mal a conciencia", que siguió las instrucciones del secretario y éste no le puso ningún reparo por ese complemento, en cantidades que oscilaban entre los 291 y los 175 euros mensuales.

El decreto no precisaba que iba a ser temporal, lo que, para la Fiscalía, hacía que su concesión no fuese competencia directa del alcalde y por ello presuntamente prevaricó al haberlo firmado.

Entre los testigos del juicio ha figurado el secretario-interventor del Consistorio en este municipio de los Arribes del Duero. Explicó que en agosto de 2020 llegó a ese núcleo fronterizo con Portugal "un aluvión de gente huyendo al pueblo tras la desescalada famosa" lo que, unido a una mayor complicación de las subvenciones de otras administraciones a tramitar, incrementó la carga de trabajo.

El secretario-interventor admitió que fue él quien redactó el decreto firmado por el alcalde y le dio un informe verbal que justificaba su adecuación a la normativa.

Del mismo modo, se dio cuenta al Pleno en la siguiente sesión plenaria, aunque ésta se demoró hasta seis meses ya que el previsto para final de año tuvo que suspenderse por un rebrote del coronavirus.

El complemento se retiró en marzo de este año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, algo que el secretario ha justificado porque fue entonces cuando había desaparecido esa mayor carga de trabajo que había justificado esa retribución adicional, según recoge EFE.